Jueves 27 de enero de 2022
En nombre de las creencias que impulsaron la iniciativa -que hasta el momento ha recibido más de 23 mil apoyos de parte de la ciudadanía- se hicieron presente el obispo católico de San Bernardo, Juan Ignacio González y el obispo evangélico Francisco Javier Rivera.
Como coordinador de la propuesta de norma, el obispo González explicó algunos de sus fundamentos, expresando que las creencias de fe mayoritarias en Chile han realizado esta iniciativa “con la plena convicción de que la presencia y acción de las confesiones religiosas es un factor social esencial en la vida de nuestro país, un elemento central de su historia y un aporte necesario para el futuro”, añadiendo que para ello se recogieron las disposiciones del derecho internacional de los DD.HH sobre libertad religiosa y de conciencia, ratificadas por Chile. “A ello hemos agregado que dicha libertad también ampara las creencias, para referirnos especialmente a las cosmovisiones de las naciones originarias, esenciales en el desarrollo de nuestro país. Esto es una novedad y está de acuerdo con la legislación internacional sobre los pueblos originarios”.
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Además, se precisó que se ha especificado el contenido de la libertad religiosa como el “libre ejercicio, profesar, conservar y cambiar de religión o creencias. Asociarse para profesarla y divulgarla, tanto en público como en privado”, introduciendo también una salvaguarda de la libertad de conciencia, “en el entendido que los conflictos que puedan provocarse en relación con ella deben ser resueltos por la vía legal, para los casos concretos que se presenten”. Se señaló que la propuesta hace un explícito reconocimiento de las confesiones como sujetos de derecho con plena autonomía en el cumplimiento de sus fines propios religiosos, sin injerencia externa de ninguna autoridad, agregando que en “todas las actividades que impliquen sus roles sociales, actúan las confesiones conforme a las normas legales aplicables a otras entidades con fines similares: ayudas sociales en el ámbito de los más pobres, la droga, el alcohol, otras adicciones, asistencia a personal vulnerables, hospitales, etc.”
Respecto de mantener exenciones de contribuciones relativas al llamado impuesto territorial, y una posible contradicción con la igualdad ante la ley, se argumentó que tales exenciones se justifican por el aporte en el ámbito social como se hace con otras instituciones no religiosas. “Es importante resaltar ante Uds. que no se trata, por tanto, de un privilegio a una entidad religiosa, por ser tal, sino porque en una justa apreciación, se estima que su aporte al bien social es altamente considerado y se hace conveniente concederles lo que, a otras entidades, con fines sociales relevantes también se les concede. En esta materia, estimamos que mantener los acuerdos tomados en su tiempo por el Presidente Arturo Alessandri haría honor decisiones que fueron tomados de común acuerdo y que se pueden considerar como acuerdos bilaterales pacticios, que las partes no pueden desconocer unilateralmente”, manifestó Juan Ignacio González.
Tras la presentación, algunos convencionales realizaron a los pastores consultas de diversa índole, como el aporte de las Iglesias ante la crisis del Covid-19, o el fundamento de dar exención tributaria en cuanto su rol social. También se debatió respecto de la importancia de la objeción de conciencia, así como la violencia ejercida contra templos o lugares de culto.
